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La Plataforma PMcM informa que el Ministerio de Economía ha incluido al final del articulado del proyecto de ley de Presupuestos (PGE) para 2011 una disposición final de la Ley 15/2010 de Medidas de Lucha contra la Morosidad que volatizará uno de los puntos esenciales para que los ayuntamientos dejen de ser morosos.

La modificación de la Ley que pretende el Gobierno eliminaría la obligación de crear una línea ICO para la financiación urgente de las corporaciones locales, para que éstas puedan así liquidar sus deudas con proveedores, contraídas hasta el 30 de abril de 2010 y que ascienden a varios miles de millones de euros.

La PMcM se opone “rotundamente” a esta modificación y exige al Gobierno que cumpla la normativa aprobada el pasado mes de julio por el Congreso de los Diputados, en la que le instaba a abrir esta línea ICO en el plazo de 30 días.

Este plazo ya ha vencido y según la PMcM, el Gobierno se encuentra, por tanto, en una situación de “flagrante ilegalidad”.

 Por otra parte, la PMcM –que se congratula del acuerdo que han cerrado Parlamento y Congreso Europeo mediante el cual se limita a 30 días los plazos de pago tanto de las empresas como de las administraciones- ha contestado a unas declaraciones del presidente de la Federació de Municipis de Catalunya y alcalde de Sabadell, Manuel Bustos, sobre el incumplimiento de la Ley de Morosidad por parte de los ayuntamientos, la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM), considera que debería retractarsde sus afirmaciones en las que afirmaba que los ayuntamientos “no pueden cumplir estrictamente” con la Ley contra la Morosidad aprobada por el Congreso el pasado mes de junio: “no podemos cumplir estrictamente lo que establece el acuerdo del Congreso de los Diputados de la ley de morosidad de los 30 días. No podemos cumplir con los plazos que nos gustaría y pedimos su comprensión, y sino, pues mire, pueden renunciar a trabajar para la Administración”.

Además, en referencia a los proveedores de la Administración local, Bustos anunció que en ningún caso se podrán pagar los servicios prestados en los plazos que establece la nueva norma (55 días en 2010, 50 días en 2011 y 40 días en 2012, hasta alcanzar en 2013 los 30 días que establece obligatoriamente la ley), debido a la situación actual de las arcas municipales.

Bustos, en clara alusión a los sectores afectados por los impagos de la Administración, les instó a renunciar a trabajar con las corporaciones locales: “yo quiero ser sincero y decir la verdad. Ya se lo he dicho a la vicepresidenta y al presidente del Gobierno: el Congreso y el Gobierno ha quedado muy bien haciendo una ley que no se puede cumplir. Y lo tenemos que decir, porque es mejor que la sociedad sepa que hay leyes que no se pueden cumplir, que están muy bien porque el papel lo aguanta todo”.

La PMcM interpreta esta medida como una “burda justificación” para retrasar los pagos, y pide prudencia y responsabilidad a Manuel Bustos puesto que, aunque se comprende la situación por la que están pasando los ayuntamientos, esto no les exime de cumplir la ley. La morosidad de las Administraciones Públicas ha empeorado en los últimos meses (de 147 a 159 días), pese a la entrada en vigor de esta nueva Ley, lo que pone en peligro la continuidad de miles de empresas y la ocupación que generan.

Fuente: Voltimum.

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